Discurso de investidura como Presidente del Gobierno

Señor Presidente, señoras y señores Diputados:

Al disponerme a solicitar la investidura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, quiero, ante todo, transmitir a la Cámara y a los ciudadanos que representamos la convicción de que este acto no es un simple trámite; al contrario, estamos viviendo una jornada histórica y decisiva para nuestro futuro. Histórica, porque hoy comienza el cambio; decisiva, porque, desde los primeros pasos por el nuevo camino, empezamos ya a ir configurando su trazado.

Lo proclamo con la satisfacción de haber sido uno más de los que han luchado por este día; pero también con la humildad debida porque ha sido el pueblo español, libre y pacíficamente, quien ha instaurado el cambio, y nosotros no somos más que los encargados de desempeñar la honrosa tarea de impulsarlo.

Para constatar lo que afirmo basta contemplar esta Cámara, y comparar su composición con la de hace pocas semanas. Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras, otras leyes, otros modos, otros contenidos de Gobierno y lo ha querido con tal sabiduría y con tan clara conciencia cívica que nuestro primer deber, el deber de todos nosotros, consiste en interpretar con acierto, esa voluntad popular. El pueblo ha votado el cambio y nuestra obligación es realizarlo; un cambio hacia delante, un cambio sintonizado con el futuro, un cambio hacia una España que progrese en paz y libertad.

Para conseguirlo, los ciudadanos han elegido el 28 de octubre unas Cámaras con una mayoría fuerte – es decir, con un Gobierno sólido – y con otras fuerzas políticas vigorosas. Yo me felicito de esos aciertos, porque creo en la eficacia del diálogo y la participación, lo que supone necesariamente interlocutores capaces; porque es más fácil la generosidad y la lealtad desde posiciones de fortaleza que desde la debilidad que necesita recurrir con frecuencia a las armas oblicuas de la astucia.

Por eso espero que nuestras naturales discrepancias se manifiesten siempre en esta Cámara con claridad y comprensión, que por mi parte ofrezco desde ahora sin ninguna reserva. Todos tenemos que pensar en el presente y en el futuro de España, aunque sea de distinta manera; hacer compatibles esas diversas maneras y conjugarlas al servicio de interés común es lo que nos exigen los ciudadanos con su rotunda votación.

Por obra de ese mandato, y no sólo por un trámite establecido, es por lo que solicito de la Cámara mi investidura como Presidente del Gobierno.

¿Y para qué? Naturalmente, para gobernar. Esto es obvio, pero importa afirmarlo sin acritud, con la conciencia clara de que en el pasado muchos ciudadanos han tenido con frecuencia la sensación de no estar gobernados. Porque gobernar no significa solamente estar atento a las curvas del camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el perfil del horizonte, tener bien claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos. Gobernar es aferrarse con ilusión y esperanza a ese rumbo, a sabiendas de las dificultades iniciales, a sabiendas de que aunque no se alcance plenamente el horizonte debe bastarnos la humilde seguridad de que cada paso correcto nos acerca a la meta de una España mejor para todos.

Nuestro horizonte como socialistas, con la responsabilidad de gobernar para todos los españoles, es profundizar constantemente en las libertades de las personas y de los pueblos de España. Ahora bien, como las polémicas recientes y el oscurantismo interesado de tiempos pasados pueden confundir a muchos, debo reafirmar que este horizonte pertenece a la vez al futuro y al pasado, y es la reencarnación actual de valores de siempre, porque el proyecto viene a revitalizar la solidaridad humana debilitada por el individualismo, por el egoísmo corporativo y por la agresividad competitiva de grupos sociales muy concretos. Nuestro sentido del cambio se proyecta hacia el futuro y se apoya en los valores más permanentes del hombre, rechazando la concepción atomizada de la sociedad.

Nos proponemos gobernar sobre la base de tres principios que quiero proclamar categóricamente:

– La paz social, es decir, la seguridad ciudadana como garantía de desarrollo de las libertades, que es un concepto más noble y amplio que el de orden público, reducido a la tranquilidad en las calles. Paz y seguridad en todos los ámbitos: en el trabajo, en el ocio, en la creación, en la interdependencia de nuestra vida en común, en las relaciones internacionales.

– La unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos, con las preferencias de los grupos, con las singularidades propias de este rico y variado mundo que llamamos España. No sólo no excluye esas diferencias, sino que, al contrario, la unidad se vigoriza gracias a la autenticidad con que son vividas por sus portadores humanos. Unidad, por tanto, en el sentido creador de estimularnos y potenciarnos unos a otros, precisamente porque somos diferentes, nunca en la interpretación negativa de antagonismos o luchas destructoras.

– El progreso, como un instrumento al servicio de la justicia, como un concepto que va más allá del mero desarrollo económico, que incluye el incremento de la riqueza nacional, pero que atiende a las necesidades vitales de los seres humanos, a su profundo afán de comprensión, de dignidad, de igualdad. Por ello nos obliga a luchar contra las diferencias que privilegian a ciertos grupos y marginan lacerantemente a otros.

Estas bases nos permitirán reforzar la presencia de España en el mundo, no con la vana pretensión de un protagonismo internacional exagerado, porque tenemos sentido de la medida al situar a nuestro país en la escala de las potencias mundiales. Pero tenemos también conciencia de nuestras aportaciones en el pasado y de nuestra capacidad de presente y de futuro, y esperamos que unas y otras nos permitan alcanzar en la vida internacional el nivel de nuestra auténtica dignidad. Se puede ser digno con poco, como se puede ser indigno con mucho, y de esto último no quiero mencionar ejemplos de quienes aprovechan su fuerza para someter o explotar.

Paz, unidad y progreso; ese es el perfil del horizonte, de nuestro rumbo permanente.

Debo ahora referirme a las curvas del camino, a la situación inmediata y a nuestros propósitos. Aludiré sólo a sus principales rasgos, porque recientes como son las elecciones generales y dada la difusión de nuestro programa, ampliamente respaldado, parece innecesario fatigar a la Cámara repitiendo detalles de todos conocidos y que pueden ser objeto de ulterior debate.

Pero quiero participar que es nuestra intención informar a los españoles en las próximas semanas y meses sobre la situación que hemos recibido, y en particular en la presentación de los presupuestos. Asimismo les iremos dando cuenta en el futuro de cuanto les atañe sincera y claramente, para que la esperanza se base en la verdad y no en datos deformados o insuficientes, ni en promesas quiméricas.

Cuatro son las áreas de problemas en las que agrupo los aspectos detallados en nuestro programa electoral, que es, naturalmente, la base del programa de Gobierno, porque sólo cumpliendo aquél responderemos fielmente al voto mayoritario expresado por los españoles. Enumeraré así esas cuatro áreas, para que pueda seguirse más fácilmente mi exposición:

Primera, la lucha contra la crisis económica y el paro.

Segunda, el avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria.

Tercera, la reforma progresiva de la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución y del contenido del Título VIII que exige una nueva distribución del poder en el ámbito de las comunidades autónomas y de los entes locales.

Cuarta, la proyección hacia el exterior, digna y eficazmente de la realidad de España.

Estas cuatro áreas como saben sus Señorías, están estrechamente ligadas entre sí y sólo a efectos de exposición podemos separarlas. Así, la reforma de la Administración tiene un claro sentido instrumental al servicio, tanto de los objetivos sociales que nos proponemos cuanto de la construcción del Estado de las Autonomías; y el avance en las primeras áreas mencionadas fortalece nuestra posición en el exterior, sirviéndose al mismo tiempo de una política internacional eficaz.

[…]

Ante estos cuatro retos del presente se impone una primera realidad: la de que el margen de maniobra para la política económica es reducido en el plazo inmediato y sólo se amplía hacia el futuro. Por consiguiente, con la decisión de utilizar al máximo ese margen en la dirección que marca nuestro programa, la confianza en las soluciones posibles se apoya fundamentalmente en tareas y reformas que emprenderemos desde ahora, pero cuyos frutos sólo se recogerán a más largo plazo. Esta es la realidad, puesto que la crisis económica internacional, que contrasta con la expansión de los años 60, no desaparecerá del horizonte tan pronto como habían venido anunciando algunas voces que ignoraban la profundidad de los desequilibrios que nos han atenazado.

Entre los desequilibrios mencionados, sin duda el más doloroso, desde un punto de vista humano, es el del paro. No intentemos disfrazar su crudeza con el término menos agresivo de «desempleo». Nuestro deber es vivir el paro como el drama de cada hombre o cada mujer que desea trabajar sin conseguirlo; vivirlo como una serie interminable de días de frustración y de desesperanza, porque no se trata sólo de un problema económico que se pudiera aliviar sustancialmente con un subsidio; el paro ataca a las raíces más profundas del ser humano, socava la energía moral y la confianza, debilita el espíritu de participación ciudadana, lleva a cuestionar la solidaridad social. No podemos resignarnos a que el joven aprendiz o el universitario repitan lo que está en trance de convertirse en una frase hecha: «estamos estudiando para el paro». Porque eso les lleva a la desilusión, al rechazo del sistema y a la rebeldía; como tampoco podemos aceptar que hombres maduros y responsables sientan herida su dignidad por el despido, como si no fueran capaces de trabajar para atender las necesidades de los suyos, como si no tuvieran nada que ofrecer para contribuir con su esfuerzo al progreso de todos.

El paro es un castigo moral inmerecido, además del castigo material que impone la penuria a quienes lo sufren. Y el hecho de que sea una plaga prácticamente mundial, agravada en España en comparación con los países desarrollados, no nos dispensa de combatirlo tenazmente.

En esa lucha prioritaria emplearemos todos nuestros instrumentos disponibles, todos los esfuerzos, desde la inversión creadora de empleo hasta la modificación y reducción de los horarios; desde los reajustes de técnicas y de sectores hasta apoyos públicos a contratos para los sectores que encuentran más dificultad para acceder a un empleo; desde la ayuda a la readaptación de los trabajadores a nuevas tareas, hasta la aplicación de estos medios en el campo de la empresa privada como en el sector público, en la agricultura como en la industria, en la construcción como en los servicios, en el terreno de la educación para nuevas profesiones como en el de la exportación a mercados extranjeros.

No perderemos la menor oportunidad para crear trabajo. Cuando sea inevitable sectorial o temporalmente el paro, pondremos en juego la solidaridad de todos para no colocar en una situación de desamparo y de miseria insostenible a quienes se vean reducidos a él, de la misma manera que combatiremos el fraude laboral con todas sus formas de picaresca que degradan a quienes se ven implicados en ellas, ya sean trabajadores o empresarios. Esa picaresca, como el fraude fiscal, la evasión de capitales y otras formas de delitos relacionados con la actividad económica, serán perseguidos con el rigor a que obliga la ley y con la dureza que merecen las actitudes punibles de egoísmo insolidario.

[…]

El segundo desequilibrio grave que nos afecta es el de la inflación, que algunos prefieren considerar en primer lugar. Por nuestra parte, sabemos que este problema y el del paro se entrelazan, dentro de la independencia general de las disfunciones económicas. Conocemos también las dañosas repercusiones de la inflación sobre los propósitos de ahorro, las iniciativas de inversión, sobre la balanza de pagos o sobre el valor de la moneda. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, la inflación es, para expresarlo con palabras sencillas, el problema de quienes ven decaer el poder adquisitivo de sus recursos monetarios, mientras que el drama del paro empieza por no poder siquiera obtener esos recursos.

Dicho esto, es claro que la inflación reclama una política tan decidida y enérgica como la lucha contra el paro, combatiéndola con el empleo de una política monetaria rigurosa, así como con todos los restantes instrumentos disponibles, y, entre ellos, muy principalmente, mediante acuerdos responsables entre las fuerzas sociales que han demostrado ser indispensables. Nuestro objetivo para el año próximo es reducir en tres puntos la tasa de inflación respecto a la de 1.982, y con ese fin actuaremos también decididamente para frenar el crecimiento del déficit público, hacer una política monetaria ajustada y propiciar los acuerdos sociales necesarios, según se especifica en nuestro programa.

Nos proponemos un objetivo del crecimiento del producto interior bruto del orden del 2’5 por ciento para 1.983, sin sobrepasar una inflación en el entorno del 12 por ciento.

[…]

Otro desequilibrio fundamental es el del déficit del sector público, cuyo crecimiento aspiramos primero a frenar y, en años sucesivos, a reducir, al tiempo que reestructuramos el gasto público; queremos inclinarlo más en el sentido de la inversión y de las transferencias constructivas. Afortunadamente, disponemos de más palancas de control en nuestras manos para abordar este problema que en el caso anterior, sobre todo si una actitud general de austeridad, de trabajo y de rendimiento reduce la inaceptable costumbre de paliar por la vía de las subvenciones u otras ayudas públicas los problemas que no se han sabido o no se ha tenido voluntad política de atacar en sus causas profundas. En cualquier caso, la actitud de ampliar el déficit público con negligencia, financiándolo de manera inflacionista, lejos de ser una panacea que resuelve los problemas, es una grave irresponsabilidad, que golpea a los sectores más débiles, y, por consiguente, se debe preferir de modo más riguroso y correcto la financiación a través de ingresos públicos claramente planeados, de los gastos considerados socialmente necesarios o convenientes.

Por otro lado, los desajustes y disfunciones acumulados en el sector público ofrecen, sin duda, un campo muy amplio para actuar con rigor, con el fin de conseguir el máximo rendimiento de los caudales que aporta al Estado el pueblo entero. Queremos acometer inmediatamente las reformas institucionales necesarias para mejorar el rendimiento de la Administración en todos sus aspectos y para conseguir que el control del gasto no sea meramente formal, sino capaz de comprobar que se aprovechan eficazmente los recursos puestos a disposición del Estado.

[…]

Podría parecer indicado ahora, concluidas las anteriores definiciones sobre el enfoque con que vamos a abordar los problemas básicos, descender a particularidades sectoriales muy variadas, desde los problemas concretos de un cierto número de empresas en crisis hasta la profunda reconversión exigida por los sectores industriales golpeados por esta misma crisis, o desde las dificultades con que se encuentra el sector de la pesca, hasta los males tradicionales de una agricultura que, junto a problemas meramente técnicos, plantea problemas sociales para hacer frente a bolsas de paro dramáticas y clama por una política capaz de hacer habitables con dignidad extensas áreas rurales de nuestro país. Habría que enumerar el esfuerzo para intensificar el ahorro de energía practicando una política realista de precios y preparando nuestras industrias para competir con potentes empresas de los países de nuestro entorno; la consecución de un sistema financiero más eficaz y capaz de atender flexiblemente a las necesidades de crédito a medio y largo plazo de nuestra economía; habría que hablar de cómo se dota al país de una infraestructura suficiente en viviendas, obras públicas, transportes y comunicaciones; pero éstos y otros muchos aspectos parciales no añadirían nada a lo ya conocido de nuestro programa y alargarían mi exposición excesivamente, por lo que es preferible dejarlos para el debate posterior, en el que sin duda se pueden plantear las cuestiones concretas que interesaran a esta Cámara.

Por eso me limitaré a precisar que nuestro proyecto político inmediato se inserta en una perspectiva temporal más dilatada en el tratamiento de los problemas fundamentales. Porque debe estar claro para todos que ni la salida definitiva de la crisis, ni una mejora sustancial en la eficacia de nuestro aparato productivo o en el cambio de los comportamientos económicos pueden obtenerse con rapidez, sino que exigen, por el contrario, una continuada persistencia en el progreso de los objetivos definidos.

La articulación de las medidas económicas, a lo largo del tiempo y entre sí, tiene una importancia grande para reforzar su eficacia gracias a una cronología calculada y para conseguir una evolución armónica que reduzca al mínimo las perturbaciones inherentes de toda reforma. Con el establecimiento de un proceso de planificación acordado, no impuesto, que hemos previsto en el programa presentado ante el país, se fijará la evolución posible y deseable de los grandes objetivos macroeconómicos, que muestren la manera de superar nuestros problemas actuales. De ese modo se reducirán incertidumbres empresariales, se facilitará la toma de decisiones públicas y privadas y se aumentará la coherencia entre ellas. Esa planificación debe permitir ensamblar el conjunto de la política económica del Gobierno, aumentando la garantía de conseguir los resultados pretendidos.

Nos encontramos, en suma, con un panorama económico ciertamente difícil. Pero también es cierto que afrontaremos los problemas con el respaldo de la mayoría política de que disponemos y que quizá no tiene parangón histórico en nuestro país por su significado y por su amplitud.

No hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas. No hay sino el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de actitudes responsables, de tenacidad. Pero las soluciones existen y pueden alcanzarse por la acción conjunta de la mayoría del pueblo, en apoyo de una política económica razonablemente concebida y bien instrumentada, de una política que sea capaz de acelerar nuestro avance hacia una modernidad, con la doble vertiente de la justicia social y del bienestar material, que nos ha venido siendo negada en nuestra historia reciente.

Por lo que respecta al vasto campo de la política social – segundo de los problemas mencionados -, no necesito indicar, después de las palabras introductorias, que es en él donde buscamos principalmente los resultados derivados de las acciones en las otras áreas. Nuestra preocupación es el pueblo, y nuestro objetivo es conseguir que el crecimiento económico sea de todos y para todos, porque de lo contrario sería injusto apelar a la solidaridad, que constantemente estamos demandando como condición necesaria para el resurgimiento.

Por eso de la mejora de la gestión de la Seguridad Social, en general, y de los distintos tipos de prestaciones haremos objeto de una consideración especial, según lo previsto por nuestro Programa Electoral. Muy concretamente, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones será garantizado mediante una Ley de Revalorización Automática de las mismas. Se crearán también mecanismos institucionales y no solamente económicos para el establecimiento de un marco democrático de relaciones laborales y se tenderá al mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas salariales.

Se contribuirá así a reducir las tensiones de toda negociación, y el trabajador y la empresa podrán plantear sus problemas y adoptar sus previsiones más racionalmente.

[…]

Como he dicho en diversas ocasiones, la dignidad de una nación se mide por el trato que otorga a los sectores sociales marginados, como los minusválidos, los presos, las personas sin ingresos de ningún tipo, los grupos étnicos separados secularmente, como los gitanos, etcétera. Pese a la dificultad de la situación económica que acabo de describir, iremos sentando las bases para integrarlos en la sociedad.

La política sanitaria estará basada en la promoción de la salud, la prevención individual y colectiva, la atención primaria, la asistencia eficiente y la reinserción social del enfermo.

[…]

El medio ambiente es un componente vital de la existencia humana y su degradación irresponsable no sólo se traduce en perturbaciones sanitarias o psíquicas, sino que, al ser afectado por agresiones destructoras, reduce la calidad de la vida.

La creciente protesta de los ecologistas, perceptible en todas partes, especialmente en los países industrializados, responde a esa sensibilidad humana hacia su entorno, y evidencia la necesidad de adoptar medidas como las que hemos visto en nuestro programa.

De todas maneras, el enfoque y la solución de los problemas del bienestar tienen que empezar en cada uno de nosotros mediante el enriquecimiento de las posibilidades individuales por la vía de la educación y de la cultura. Más que en las compensaciones económicas, e incluso en los servicios sociales colectivos, es en este campo de la formación donde se encuentra la clave del progreso social.

La educación aumenta la igualdad de oportunidades al fomentar las capacidades individuales, y, por tanto, el desempeño de tareas más idóneas. Además, el ejercicio de la libertad ciudadana sólo se alcanza plenamente con una educación que nos instruya sobre nuestros derechos y sobre los medios de reclamarlos al mismo tiempo que nos inspire el respeto hacia los derechos de los demás. Por otra parte, la riqueza cultural aumenta el gozo que pueda suministrar el disfrute de servicios públicos de este tipo o incluso del ambiente mismo. Y sobre todo, sin propósito de agotar el tema, recordaré tan sólo que el progreso social es obra de los hombres, que son los hombres los que hacen la historia.

Todo ello explica el hecho de que la educación y la cultura sean piezas clave de nuestra futura tarea de Gobierno, a fin de conseguir la «democracia avanzada» propugnada en nuestra Constitución. Para ello el texto constituyente establece derechos tales como la libertad de expresión, la superación de las discriminaciones socioeconómicas o la igualdad de oportunidades ante la cultura, como instrumentos decisivos para el pleno desarrollo de la personalidad.

[…]

En el amplio espectro que abarca el análisis de los problemas de la sociedad, ocupa un lugar, que he destacado desde el comienzo de mi intervención: la seguridad como garantía de la libertad. El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la Constitución y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por nuestra parte.

Estamos convencidos de que nuestra Constitución permite a todos los ciudadanos pacíficos ejercer sus derechos individuales o colectivos, expresar sus ideas con libertad. No hay, pues, explicación alguna para las actitudes violentas.

Desde el llamamiento a todos, Grupos Parlamentarios y ciudadanos, para que contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en paz, queremos asegurarles que ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas, desviarán la decisión del Gobierno de cumplir la Constitución. El 28 de octubre ha supuesto la más importante derrota moral para los que desean suplantar por la fuerza la voluntad de los ciudadanos.

Ese objetivo nos llevará a dedicarnos muy especialmente a la mejora profesional de los Cuerpos de Seguridad para incrementar su eficacia y ampliar su vinculación a las aspiraciones y expectativas de todo nuestro pueblo. Con estos medios humanos, que han demostrado ya su espíritu de sacrificio y su afán de superación, lucharemos contra la violencia para asentar de modo inconmovible la paz y la tranquilidad. Somos muy conscientes de que con ese clima sería más fácil resolver los demás problemas de la vida nacional.

Por eso, apelaremos con vigor a la necesaria cooperación internacional en la tarea de erradicar el terrorismo.

La seguridad ciudadana y la libertad requieren no sólo disponer de unas fuerzas adecuadas contra la violencia desestabilizadora, sino, además, disponer de una organización de la justicia a la altura de su misión, una organización que, una vez más, coloca a los miembros de esa Administración que, en su inmensa mayoría, son capaces de desempeñar sus funciones con celo y competencia en una situación de frustración por la estructura en que están insertos, así como por la falta de medios, que son las causas fundamentales de las deficiencias actuales. Nos proponemos introducir las reformas procesales y de todo tipo para agilizar la maquinaria judicial, evitando innecesarias e injustas acumulaciones en las cárceles, mejorando la situación de los internos y garantizando a los ciudadanos una satisfactoria Administración de justicia, que implique la gratuidad de las tasas judiciales como un elemento más de igualdad social.

En esta línea, y para concluir con este tema, se inserta nuestra decisión de establecer cuanto antes la figura constitucional de Defensor del Pueblo, cuya actuación se ha retrasado hasta ahora y que para nosotros es el complemento indispensable de la justicia al poner al alcance del ciudadano unos cauces más inmediatos para hacer oír sus agravios y para elevarlos a los centros de gestión donde puedan estudiarse y darles solución.

Pero no es sólo la justicia, sino toda la Administración la que requiere serias reformas, y con ello quiero abordar la tercera de las áreas planteadas. Reformas para librar a la Administración de trabas heredadas, de procedimientos anticuados y de corruptelas poco tolerables, a fin de que se convierta en un eficaz ejemplo de servicio. Ya en otro pasaje de esta exposición he insistido en la trascendental importancia de una maquinaria administrativa capaz de ser la columna vertebral del sector público.

La competencia profesional, el espíritu de servicio y la ética han de erigirse, por todos los medios, en los principios inspiradores de los organismos públicos. Solamente con un instrumento que responda a los propósitos y a los fines del Gobierno llegarán a ser realidad nuestros proyectos de austeridad, de rentabilidad del gasto público y de eficacia en la promoción de las actividades nacionales.

[…]

La austeridad y el rigor en el empleo de los caudales públicos será así un criterio tajantemente exigido.

Las reformas de la Administración no se circunscriben sólo a las ramas fiscales o financieras, sino que han de alcanzar a todas ellas. Estamos firmemente persuadidos de que parte de los defectos que hoy pueden parecer humanos no se deben a fallos personales, sino a la desmoralización producida en el funcionario al verse forzado a actuar en un sistema defectuoso. La gran mayoría de los empleados públicos prefiere, sin duda, formar parte de una sistema que realce su propia dignidad y que merezca la más alta estimación de nuestro pueblo.

[…]

Debo referirme ahora a la política exterior que ha de estar estrechamente ligada a la evolución interior, dentro de una orientación política general. No debe haber, en estos planos esenciales, lugar para la improvisación, las contradicciones o la inconsecuencia.

Dentro de esta opción básica, la actuación exterior debe ser ajena a concepciones partidistas, y seguir rigurosamente las directrices de una política de Estado, atenta a los intereses permanentes de la nación, tal como resulten de un consenso nacional, si ello es posible, o, al menos, de las aspiraciones expresadas por la gran mayoría de nuestro pueblo.

El Gobierno emprenderá sin dilaciones la definición y puesta en práctica de una política exterior que refuerce el papel de España en el concierto internacional, afirme nuestra presencia en pie de igualdad allí donde los intereses nacionales estén en juego y permitan a nuestro país contribuir activamente a las grandes causas de la paz y de la distensión en el mundo. Para ello tenemos que partir de una idea exacta de nuestra real capacidad de acción en el mundo internacional: sin jactancias y sin complejos. Somos conscientes de nuestro nivel real de poder e influencia en el concierto de las naciones; conocemos también nuestros recursos y nuestras potencialidades.

Los problemas que inevitablemente reclamarán nuestra atención serán los de nuestro entorno inmediato. Creemos que es esencial fortalecer y profundizar nuestras relaciones con los países vecinos: Portugal, Francia y los Países del Magreb. Las diferencias transitorias no deben hacernos olvidar nunca la necesidad del mutuo entendimiento y de la cooperación beneficiosa para todos. De esa manera contribuimos también al equilibrio de la región mediterránea, cuya importancia en el tablero mundial se acrecienta día tras día.

Nuestra política de vecindad encuentra una dirección privilegiada, que citaré a modo de excepción, en lo que se refiere a Portugal. Sobre la base del más escrupuloso respeto a las posiciones e intereses de cada parte, una política española que no colocase como una de sus principales prioridades la amistad y cooperación con Portugal carecería de visión y de realismo.

No hace falta repetir nuestra vocación europeísta, nuestra voluntad de contribuir a una Europa de los hombres y de los pueblos. En esa línea, trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión dentro del horizonte dado por la presente Legislatura.

España se encuentra inserta en el conjunto del mundo occidental, cuyos valores humanos fundamentales compartimos y defendemos. Ahora bien, reclamamos nuestro derecho y nuestro deber para determinar libremente, en uso de nuestra soberanía, las modalidades de la participación que España tendrá en la política y en la defensa de ese conjunto.

Por eso, examinaremos con toda atención los términos de nuestra relación defensiva u de cooperación con los Estados Unidos de América y reestudiaremos con el rigor necesario para la defensa de nuestros intereses y nuestra dignidad la decisión adoptada por el anterior Gobierno español, en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español.

Todo ello lo haremos desde el diálogo nacional e internacional que exigen estas importantes decisiones.

En todo caso, para nosotros, tanto por herencia histórica como por las realidades de hoy, existe un compromiso de presencia y de actuación decidida en el continente Iberoamericano. Con este conjunto de naciones hermanas reforzaremos nuestros lazos de cooperación en todos los campos, con la convicción de que una parte muy importante de nuestro futuro pasa por esta cooperación histórica de aproximación.

Del mismo modo dedicaremos una atención especial a la política del Mediterráneo, con el mundo árabe y con África, por su enorme potencial desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano.

Para ello será necesario articular los mecanismos de cooperación, especialmente en los campos cultural y técnico a fin de desarrollar una política a la vez realista y eficaz.

Por supuesto que en esas y en todas las áreas mundiales será una constante preocupación del Gobierno la potenciación de los intereses de los españoles radicados en el extranjero. No podemos olvidar a esos millones de compatriotas tan lejanos que trabajan y luchan cada día -a veces en un medio difícil y hostil- ganándose la vida, pero también proyectando en otras tierras la presencia de España.

Según establece la propia Constitución, el Gobierno irá creando las condiciones que permitan su retorno; y, entre tanto, redoblará sus esfuerzos para protegerlos mediante una adecuada gestión diplomática, muy especialmente cuando se produzcan violaciones graves y flagrantes de los Derechos Humanos más elementales, como son casos de las desapariciones, de las detenciones arbitrarias o expulsiones injustificadas.

El Gobierno reafirmará con todo vigor la reivindicación de Gibraltar, cuya actual situación colonial atenta a la integridad del territorio nacional y menoscaba la posición internacional y estratégica de España. Consecuentemente, el Gobierno mantiene el propósito de reintegrar Gibraltar al territorio nacional mediante negociaciones con el Reino Unido que conduzcan a ese objetivo, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Al desarrollar este eje prioritario de su política, el Gobierno obrará de manera que no se penalice a la pobleción de Gibraltar ni a la del campo de Gibraltar y que el resultado final de la negociación respete los intereses legítimos de la población.

Especificados de esta forma los escenarios y los problemas principales de nuestra política exterior inmediata, debo recordar aún nuestro deber de participar en las grandes cuestiones de interés para todos los pueblos; como son la paz y el desarme, los derechos del hombre y la libertad de los pueblos, o la construcción de un nuevo orden económico más justo para los países en desarrollo.

España no puede estar ausente de esa inmensa tarea colectiva, de la que depende literalmente la supervivencia y el progreso de la humanidad, sino como protagonista, al menos como coparticipe en tan noble empeño. Pues también en el plano internacional debe inspirarnos la solidaridad entre los hombres y entre los pueblos: o nos salvamos juntos, o perecemos juntos. Y España debe incorporarse cuanto antes al grupo de naciones que marchan en vanguardia hacia esa meta común.

Quiero terminar el análisis de estas grandes áreas con una referencia expresa a la Defensa Nacional, pieza fundamental para la realización de una política exterior respetada y respetable.

La Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de nuestra integridad territorial y del orden constitucional, a las órdenes del poder político legítimamente constituido.

El Gobierno aplicará el programa electoral ofrecido al pueblo español, tanto en sus aspectos sociales y económicos como en la adaptación progresiva de nuestro despliegue operativo a las necesidades y misiones atribuidas por la Constitución a las Fuerzas Armadas.

Públicamente proclamo nuestra confianza y solidaridad con las Fuerzas Armadas, cuya honrosa misión no ha sido empañada por actuaciones de grupos minoritarios.

Empezamos una nueva etapa en la vida política española. Con Su Majestad el Rey, cuyo papel en favor de la paz y la libertad reconocemos todos los españoles, quiero manifestar una vez más mi fe en el futuro de España.

También mi profunda convicción en la necesaria articulación de todas las Instituciones del Estado, que nos permita desarrollarnos hacia el futuro como una nación cada vez más libre e independiente.

Realizaremos desde la acción del Gobierno el esfuerzo necesario para incrementar constantemente la profesionalización y la eficacia de esas Instituciones básicas para el Estado.

[…]

Por todo ello, porque nos respalda una voluntad mayoritaria y porque confiamos en el espíritu de servicio a la sociedad que, aún en la discrepancia, anima a las fuerzas representativas de otros sectores, nos sentimos alentados por la más viva esperanza y nos disponemos a progresar hacia un horizonte claro mediante un programa realista.

Subrayo estas últimas palabras porque se nos ha imputado exageración en los compromisos. Quienes así lo creen sólo confían en los recursos materiales. Nosotros, además de valorarlos debidamente, ponemos nuestra esperanza en los ciudadanos, en los hombres y mujeres que acaban de votar por el cambio. Esta esperanza tiene fundamento: la geografía nos muestra a muchos países construidos con pobres recursos naturales que han sabido desarrollarse con el esfuerzo de los hombres; como la historia propia nos deslumbra con las ciudades fundadas en América por un puñado de españoles. Y esa esperanza se refuerza para el futuro al comprobar cómo nos alientan muy especialmente los jóvenes, en quienes están arraigando con fuerza los valores de la solidaridad y el compromiso libremente asumido que tanto importan para nuestro proyecto común.

Esos hombres, esas mujeres y esos jóvenes son nuestro apoyo, pero son también nuestros jueces. Y todo ello ha de ser visto en esta Cámara como nuestra permanente ocupación. A ellos quiero dedicar mis palabras finales.

Imagino que ahí, en el centro del hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la calle. Me esfuerzo por verlos. Por mirarlos. ¿Quiénes son? Pueden ser un ama de casa camino del mercado, un empleado de banca, un botones de hotel, o un universitario. Les veo y me pregunto: ¿Qué piensan de nosotros?, ¿siguen nuestros debates?, ¿les ilusionamos o les desencantamos?, ¿hacemos lo mejor para su futuro, que es el de nuestro hijos?

Para comprender mi deber con nuestro pueblo yo me inspiro mejor en esa sencilla visión que en las frases sonoras y convencionales. La paz, la unidad y el progreso son ellos y para ellos. Esas palabras tienen carne y hueso, ropas y gestos. Confiemos en su esperanzada y libre participación, indispensable para el éxito, y tengámosles presentes durante nuestros debates, como yo pensaré a diario mientras, fiel al horizonte y atento al camino, presido mi Gobierno si merezco el honor de que ahora se me otorgue la responsabilidad de la investidura. Muchas gracias.