Discurso de investidura como Presidente del Gobierno

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en cumplimiento del mandato constitucional, subo a la tribuna para solicitar el voto favorable de la Cámara a la investidura.

La primera consideración que deseo hacer, a la vista de las resoluciones judiciales sobre el proceso electoral, es que considero que la situación, desde el punto de vista político, debe estimarse como de provisionalidad. No hay ninguna consideración jurídico-constitucional que permita alterar el proceso de toma de decisiones de la Cámara, y por consiguiente, el procedimiento para llegar a la investidura. Pero ninguna consideración, desde el punto de vista político, sobre las relaciones de mayorías o de minorías, debe ocultar el hecho de esta situación de relativa provisionalidad. Primera consideración, pues.

Segunda consideración, y en función o derivada de ésta, es que pediré a la Cámara, cuando se haya aclarado definitivamente el resultado electoral, la confianza como Presidente del Gobierno.

En tercer lugar, debería añadir que en la situación actual ni puede ni debe interrumpirse la tarea de gobierno. Por consiguiente, se justifica plenamente la realización del acto que celebramos hoy y la asunción de responsabilidades, si la mayoría de la Cámara apoya o aprueba la investidura.

En esta circunstancia, voy a limitar mi intervención a exponer las líneas generales del proyecto que estimo necesario desarrollar en los próximos cuatro años; a analizar también el cuadro de referencia, es decir, las condiciones internas y las condiciones externas en que va a desarrollarse durante este período, y a tomar posición sobre algunas de las prioridades básicas para su realización. Es obvio que el programa electoral del Partido, como el de todos los partidos, ha sido ampliamente difundido durante la campaña electoral y sería absurdo que reiterara ante la Cámara sus contenidos pormenorizadamente. Es obvio también, pero conviene recordarlo, que el Gobierno que pueda formar respetará y aplicará estrictamente el contenido de ese programa que, en definitiva, es el compromiso entre los electores que han depositado su confianza en el Partido Socialista y los responsables políticos del propio Partido Socialista. En este caso, entre los electores y el candidato a la Presidencia del Gobierno.

En primer lugar, ¿qué proyecto estimo necesario para nuestro país en los próximos años? Querría recordarles que la primera etapa de Gobierno socialista se caracterizó por la lucha contra una grave crisis económica; por una política de saneamiento y de reconversión; por la superación de algunas amenazas que pesaban todavía sobre el sistema democrático, tratando de conseguir estabilidad; por la puesta en marcha, en su conjunto, del Estado de las Autonomías, y por la definición de nuestra posición en el mundo, a través de la culminación del período de negociación con la Comunidad y la fijación de nuestra participación en la Alianza. En la etapa siguiente, iniciamos la recuperación económica, con una tasa de crecimiento que ha permitido generar empleo a un ritmo importante y ha permitido también aumentar el esfuerzo en política social e infraestructura. Asimismo, hemos comenzado en esa etapa, nuestra adaptación a la Comunidad y asumido unánimemente en las Cámaras de Acta Única; Se ha normalizado, por consiguiente, nuestra  participación en  el  funcionamiento de  las  instituciones europeas  y occidentales.

El Estado de las autonomías se ha hecho una realidad en funcionamiento, aunque haya que seguir avanzando.

¿Qué pretenderíamos hacer en la tercera etapa? en primer lugar, pretenderíamos mantener una tasa de crecimiento con equilibrio, por encima de la media comunitaria, como un instrumento -repito como un instrumento- necesario para que nuestra economía se adapte a los desafíos que tiene planteados en 1992: Acta Única y culminación, en lo fundamental, del período de adhesión previsto en el Tratado. En segundo lugar- pero no en el orden de las prioridades-, para conseguir que siga incrementándose la tasa de empleo en nuestro país y, por consiguiente, reduciendo las cifras de paro. En tercer lugar, para aumentar nuestra capacidad de hacer una política social que reequilibre las desigualdades que existen en la sociedad española. En cuarto lugar, para mejorar los servicios y aumentar el grado de bienestar y, en quinto lugar, para seguir desarrollando la política de infraestructuras que permitan conseguir que ese crecimiento, sostenido y equilibrado, se transforme en un verdadero desarrollo económico y social. Ese proyecto se complementará con la mejora de nuestra seguridad interna y externa y con la potenciación de nuestra presencia en el exterior en un momento en el que se están produciendo cambios extraordinariamente importantes y profundos.

Pretendo que la actuación del Gobierno -como esta misma intervención- se oriente de manera constructiva hacia la búsqueda de zonas de acuerdo, que estoy seguro que existen entre nosotros, en cuanto a los objetivos fundamentales planteados a la sociedad española en los próximos años. Y lo hago porque soy consciente de que la tarea transciende las fronteras de una sola formación política, más allá de que ésta reciba el apoyo mayoritario y tenga la obligación de asumir la función de gobernar. Por consiguiente, sin renunciar a la responsabilidad que nos toque, estoy haciendo un llamamiento a las fuerzas políticas (instituciones autonómicas y locales, interlocutores sociales y económicos) para que aunemos esfuerzos, en la mayor medida de lo posible, frente a los desafíos y las oportunidades que se ofrecen a España en el horizonte de esta legislatura.

Me han oído decir públicamente que si España consiguiera mantener el ritmo de crecimiento del período 1985-1989, al final de la década que comienza dentro de unos días estaría en condiciones de multiplicar por dos su capacidad de creación de riqueza cada año. Como esto por sí mismo no cualifica el progreso de una sociedad, aunque sea, a mi juicio, una condición necesaria; si con este crecimiento conseguimos seguir creando empleo, como se viene produciendo, y aumentando su calidad, habremos superado el más angustioso problema del quehacer político y dado también una respuesta de integración a jóvenes y a mujeres. Pero, además, sostener un ritmo de crecimiento de esta naturaleza manteniendo unos presupuestos sanos, nos permitirá una capacidad de gasto social, en el sentido más amplio del término, más de dos veces superior a la del comienzo del período.

Lo mismo cabría decir del desarrollo de las infraestructuras y de la atención a problemas tan importantes como los de medio ambiente, investigación o los propios problemas hidrológicos. Algunos pueden considerar el análisis como poco ambicioso; otros, tal vez, lo consideren utópico, pero sólo hago un esfuerzo por trasladar, por proyectar, hacia los próximos años lo que ya viene ocurriendo, naturalmente, haciendo las correcciones para mejorarlo que sean necesarias.

Pero si este mínimo ambicioso por compatibilizar las distintas posturas que pudieran darse para el progreso económico y social de nuestro país, sirviera de base de acuerdo entre nosotros, nuestros debates tendrían el sentido global de ofrecer fórmulas más acertadas según la óptica de cada cual para mejorarlo o para acelerarlo poniendo énfasis, diferentes, naturalmente en las también diferentes prioridades de cada cual; pero podríamos decir que hay un proyecto colectivo que, respetando esas diferencias y las alternancias, tiene posibilidades ciertas de ser llevado a cabo.

Pero todo proyecto político se sitúa en un cuadro de referencia, en unas condiciones internas y externas que conviene analizar y tomar posiciones frente a ellas para hacerlo avanzar. España como país se inserta cada vez más en las instituciones comunitarias y participa en la construcción europea que en el horizonte de los próximos cuatro años tiene proyectos con fecha fija que nos afectan directamente, como el Acta Única o el final del período transitorio de nuestro Tratado de Adhesión. Hay proyectos en discusión, como la Unión Económica y Monetaria, y hay grandes cambios en la propia configuración de Europa que abren interrogantes de un extraordinario calado. Permítanme algunas reflexiones sobre ello.

Hoy parece claro, y el muro de Berlín, como símbolo lo confirma, que estamos asistiendo a la recomposición del orden político, económico y de seguridad vigente desde la Segunda Guerra Mundial. La profundidad y la velocidad de los cambios en la Europa del Este son de tal magnitud que repercutirán directamente -ya está ocurriendo- no sólo en el futuro inmediato de esos países, sino en el de los países y las instituciones europeas y occidentales de las que formamos parte. La política de paz y de seguridad, la construcción europea, la relación con otras áreas del mundo, como el Mediterráneo o América Latina, la propia ordenación política y económica de las relaciones con estos países están en juego en estos momentos, y lo estarán en la etapa que comenzamos.

España tiene que actuar positivamente en favor de estos cambios, y al mismo tiempo tiene que preservar sus intereses internos y externos.

Nuestra posición, señorías, seguramente es mucho mejor hoy para hacer este trabajo que lo que hubiera sido desde una situación de aislamiento, en el supuesto de que los acontecimientos que hoy vivimos se hubieran producido unos años atrás. Pero no hay que desconocer los riesgos para nuestro propio desarrollo interno y para algunos de los parámetros importantes de nuestra política exterior, sobre todo para poder hacerles frente. Por tanto, junto a la gran satisfacción que puede producir en todos nosotros, espero, la dinámica de los cambios hacia la democratización y la transformación económico-social de los países llamados tradicionalmente como del Este de Europa, junto a esa alegría o satisfacción también hay que analizar las consecuencias para operar políticamente, tanto ayudando a que siga adelante el proceso cuanto defendiendo intereses internos y externos.

Todo el mundo reconoce que los próximos años constituyen una etapa crucial para la construcción comunitaria. El calendario de sus propios proyectos como Comunidad, así como los acontecimientos de estos países que acabo de citar y sus repercusiones en los países comunitarios, lo indican así. En el plazo de esta legislatura, el Acta Única y el mercado interior estarán ya plenamente vigentes.

Toda nuestra política económico-social e institucional habrá de responder a esta exigencia. Es evidente que este desafío no afecta sólo a la acción del Gobierno, sino al propio comportamiento de los distintos sectores productivos, que se verán condicionados por una competencia sin fronteras en un espacio común.

Las oportunidades para España de aprovechar esta situación para avanzar en el proyecto de desarrollo socio-económico que antes señalaba son claras, pero también lo son los riesgos de una falta de preparación suficiente, de una pérdida de competitividad, y de un distanciamiento. Los acontecimientos en los países del Este están repercutiendo ya en el proceso comunitario. Hace pocos días se dedicó una reunión informal del Consejo Europeo a este tema, y esta misma semana, dentro de tres días, conoceremos las actitudes, y definiremos las nuestras, de los distintos países en temas claves para el proceso de unidad europea, como el propio comienzo de una conferencia intergubernamental para redactar un nuevo Tratado de Unión Económica y Monetaria.

Las relaciones comunitarias con el exterior, Señorías, prácticamente inexistentes en lo que se refiere al conjunto de países del Este (con algunas excepciones conocidas), están cambiando rápidamente en esa dirección y planteando, sin duda, problemas para otras áreas de atención tradicional, como la del Mediterráneo, o incipiente, como la de América Latina.

A nuestro juicio, España debería aportar una posición que podríamos definir rápidamente en los siguientes puntos.

En primer lugar, el apoyo a la realización del Acta Única en los plazos previstos en el propio Tratado. El mercado interior, el desarrollo de la Carta Social y la continuación y profundización de la cohesión económico-social en la Comunidad, deben mantener su ritmo, un ritmo ya importante, para que, a primeros de enero de 1993, esté plenamente vigente el espacio común que queremos construir a través del Acta Única.

En segundo lugar, a mi juicio, nosotros deberíamos apoyar una mayor celeridad en la construcción de la Unión Económica y Monetaria y, por consiguiente, fijar nuestra posición como una posición positiva a la realización ya de la conferencia intergubernamental.

En tercer lugar, deberíamos orientar nuestra posición comunitaria a estimular la cooperación política, nacida del Acta Única, y su coherencia con las relaciones externas de la Comunidad, hasta ahora, funcionan como dos mecanismos separados, en tanto que la cooperación política no tiene el mordiente de canalizar las relaciones económico- comerciales, las relaciones exteriores se centran, fundamentalmente, en esas relaciones económico-comerciales.

Pero la situación cambiante en el conjunto de Europa también plantea problemas de una extraordinaria importancia en el campo de la seguridad. Creo que todo el mundo está convencido de que vivimos la mejor oportunidad, desde hace cuarenta años, para garantizar, con una política de desarme firme, una paz mediante el equilibrio en el nivel más bajo posible.

La posición de España, a mi juicio, en relación con esa nueva política de seguridad, debería ser la de proponer una modificación, un cambio en la propia política de las alianzas, y en particular de la Alianza a la que pertenecemos, para que el peso de las decisiones políticas sea un peso creciente y contribuya a ser un marco de estabilidad en las relaciones Este-Oeste que facilite la dinámica de los cambios hacia la democratización y hacia la superación de los problemas económicos de los países del Este. Comparto la idea de que algunos problemas de fronteras, y en particular los problemas que afectan a Alemania, deben ser resueltos en el proceso de la construcción unitaria europea.

Por tanto, hay una nueva dimensión en las relaciones Este-Oeste a la que debe responder una concepción nueva de la política de alianzas que, sin duda alguna, estimarán como obsoletas, probablemente sin la conciencia clara de que no habría la posibilidad siquiera de una política de desarme convencional, como la que se propone en Viena, si no existiera un marco de referencia, un cuadro que permitiera llegar a acuerdos y después que permitiera que los acuerdos fueran cumplidos en un plazo razonable; Nunca serán inferiores a seis o siete años los acuerdos previstos en este momento. Pero también es cierto que los acuerdos propuestos sobre desarme se están convirtiendo en estos momentos, afortunadamente, en un mínimo y no en un máximo de aspiraciones.

Nosotros estamos dispuestos a fomentar la cooperación con los países del Este, a estar presentes en los procesos de cambio, desde la conciencia clara de que se trata de una profunda transformación de sistemas totalitarios en sistemas democráticos, sin entrar en disquisiciones sobre qué supone eso respecto de las ideologías que han protagonizado los sistemas afectados por esta dinámica de cambios, considerando que se trata de un proceso de una gran trascendencia histórica para Europa y de una gran trascendencia histórica para el mundo, y partiendo fundamentalmente de la base de que estamos asistiendo al cambio de unos sistemas políticos y socioeconómicos y, por consiguiente, a una transformación que merece la pena ser analizada y, a nuestro juicio, apoyada.

Es evidente que, al mismo tiempo, esos cambios están focalizando la atención de los países comunitarios hacia el área centroeuropea. A nuestro juicio, ese interés que compartimos y en el que deseamos participar no puede desviar la atención ni los compromisos de la Comunidad hacia áreas de atención preferente para la política exterior de España, pero creo que también para la política de los países que componen la Comunidad como el Mediterráneo o como América Latina.

Es cierto que el esfuerzo realizado con algunos de los países del Este, como Hungría y Polonia, en los últimos años o en el último año, es ya mayor que todo el acuerdo de financiación para el Mediterráneo. Por tanto, el problema está presente y la definición de las actitudes de cada uno de los países seguramente servirá para condicionar, en el sentido positivo, el desarrollo futuro de este proceso.

Como diré más adelante, esta nueva situación de distensión, esta nueva situación de cooperación y de paz, de diálogo político, de superación del enfrentamiento entre sistemas antagónicos, dan también oportunidades importantes desde el punto de vista de nuestra política de defensa en el plano interior. Afortunadamente, España está presente en todos los foros de discusión y, por consiguiente, puede hacer oír su voz y cooperar, en un esfuerzo con los demás países con los que se integra, para garantizar que ese proceso sea un proceso ordenado; un proceso, en definitiva, hacia la democratización y la libertad a la que aspiran los países del Centro y del Este europeo, sin que produzca desequilibrios que pongan en riesgo -como reconocen los máximos responsables de esos procesos- la propia transformación de los países. Tenemos también, en el curso de la época que se inicia, condiciones internas para desarrollar un proyecto político, económico y social.

En la actual situación de España la gestión de cualquier Gobierno está determinada por la necesidad de coordinar sus políticas con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos o Cabildos. El cuadro de reparto de competencias en materias tan importantes como vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, consumo, etc., exige estrechar la cooperación para aumentar la eficacia a la hora de ejercer las que cada Administración Pública ostenta de manera compartida o de manera exclusiva. Esto es aún más cierto cuando se trata de asuntos que afectan a las competencias de las Comunidades Autónomas y, a su vez, son atribuidos a las Comunidad Europea.

En todo caso, hoy las Comunidades Autónomas son responsables de servicios públicos importantes y de tareas muy sensibles para los ciudadanos. En este momento controlan un volumen de gastos superior a los cuatro billones de pesetas. Para los pasos que haya que dar a fin de mejorar el funcionamiento del conjunto, deseo reiterar, en el frontispicio de esta Legislatura, nuestra oferta a las fuerzas políticas representativas para alcanzar acuerdos que permitan seguir avanzando en un marco de estabilidad y centrados en cuestiones tales como el ámbito competencial de las Comunidades, del artículo 143; el papel del Senado como Cámara de representación territorial; o la necesaria negociación, por razones de calendario, sobre temas de financiación y de cupo vasco. Esta exigencia de coordinación y de cooperación entre las Administraciones públicas y de diálogo y acuerdo entre las fuerzas políticas no deseo plantearla como algo que disminuya la responsabilidad del Gobierno, que debemos asumir en su plenitud, sino como la vía más adecuada para que nuestra actuación sea más eficaz en la realización de un proyecto de progreso para nuestro país.

Dentro del cuadro de condiciones internas de nuestro país, la fecha del 1992 tiene referencias muy precisas sobre las que me pronunciará muy rápidamente. Acontecimientos que sin duda afectarán a la imagen de España, como la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos o la capitalidad cultural europea en Barcelona y en Madrid respectivamente, tienen además una incidencia importante en los proyectos de desarrollo de infraestructura. Querría decir que por razones de calendario, además de por su importancia en sí misma, esto constituye una ineludible prioridad en la acción del Gobierno y de las instituciones. Nosotros estamos dispuestos a asumir en su totalidad las que nos corresponden y a ofrecer, más allá de las diferencias que puedan existir, enfoques de planteamientos y, desde luego, de fuerzas políticas responsables en cada una de las instituciones, toda la cooperación necesaria para que sean un éxito; éxito de eficacia y de realización, convencidos también de la importancia que tienen en la mejora de las infraestructuras que favorecerá al sistema de comunicaciones en el conjunto de nuestro país.

He comenzado hablando de los rasgos fundamentales de un proyecto de desarrollo económico y social para España en los próximos años y he hablado del crecimiento sostenido y equilibrado como una condición, como un instrumento necesario para la realización de esos objetivos económicos y sociales, y también para acercarnos al horizonte del 1992 en buenas condiciones. Ese crecimiento debe ser superior al de la media comunitaria si queremos continuar en la política de aproximación a esa media comunitaria. Debe ser sostenido a lo largo de los años y, para ello, equilibrado. Se trata, por tanto, de eliminar las amenazas que penden sobre nuestro crecimiento en estos momentos y de mantener una actitud de vigilancia y de rigor en el futuro.

Para empezar hemos de reconocer que la tasa de crecimiento de los últimos años, bastante superior a la media europea, está siendo amenazada por dos desequilibrios básicos que nos afectan desde hace meses: la inflación y el déficit comercial. Como no soy especialista en la materia y lo que me interesa, es el efecto, que la economía española genere empleo, gane competitividad y cree riqueza para acercarnos al grado de justicia social de los países europeos más avanzados que nosotros, debo utilizar en mi razonamiento la aportación de los técnicos en la materia, y si me lo permiten, la observación de la realidad de aquellos países en los que queremos integrarnos. Ambos fenómenos, el repunte de la inflación y el desequilibrio comercial, parecen tener el mismo origen: la demanda interior es bastante superior al crecimiento de la producción. Ya terminamos el año 1987 con una tasa de inflación inferior al cinco por ciento, pero, desde pocos meses después, el crecimiento de la inflación ha ido situándonos hasta una tasa del siete por ciento, en la primavera de 1989, que se mantiene en este momento en ese entorno. Junto a ello, el incremento del déficit comercial empieza a afectar seriamente a nuestra balanza de pagos por cuenta corriente, y sólo está compensado este fenómeno por el impacto de las fuertes entradas de capital y el consiguiente aumento de nuestras reservas. Esta situación de inflación ya nos obligó a modificar el presupuesto de 1989 para compensar las pérdidas de poder adquisitivo de las rentas dependientes de los Presupuestos Generales. Y este año, cuando conozcamos la tasa final de inflación, deberíamos, en justicia, hacer lo mismo en la aprobación de los presupuestos de la Cámara.

El Gobierno ya adoptó un paquete de medidas monetarias y fiscales orientadas a disminuir el consumo y a controlar la inflación como desequilibrio que consideramos más urgente corregir. Ha sido motivo de polémica durante la campaña y después de la misma. La polémica se centraba en si estas medidas eran o no suficientes y si el Gobierno pensaba, pasadas las elecciones y en el supuesto de continuar, adoptar otras de mayor dureza. Me gustaría repetir ante la Cámara lo que he dicho en el mes de octubre: las medidas adoptadas para enfriar razonablemente el consumo parecen suficientes, está empezando a producir resultados y es necesario tener un poco de tranquilidad para que estos puedan evaluarse serenamente, sin producir nuevas sacudidas. Pero añadió entonces, y reitero ahora, que no ha sido nuestra intención, como responsables políticos, someter a coyunturas electorales las decisiones que acertada o equivocadamente, estimamos que deben ser adoptadas.

Esto es también válido en el momento de la investidura. Si creyera honradamente que hay que modificar o aumentar las medidas ya adoptadas, así lo manifestaría a la Cámara. Es cierto que debemos mantener la vigilancia en los próximos meses, y durante el debate presupuestario tendremos la ocasión de fijar nuestra posición como Gobierno que, tal como la veo en estos momentos, tenderá a conseguir que el gasto público no sobrepase el crecimiento real de la economía y podamos seguir reduciendo el déficit público. De esta forma, estaremos en condiciones de contribuir a la atención que necesitamos de las prioridades programáticas y, al mismo tiempo, de contribuir también desde el sector público al control de la inflación.

Parece razonable en este terreno pensar que una política de acuerdos entre y con los interlocutores sociales, tendente a mantener un crecimiento equilibrado de la economía española, sería un factor muy importante en la fase en que entramos. La evolución de los salarios reales, ligada a incrementos en la productividad, contribuirá sin duda a evitar la espiral de precios y salarios tan perniciosa para el control de la inflación. Sería importante hacer un esfuerzo para no caer en la tentación de retroceder en años, viéndonos obligados a acuerdos forzados por una situación de fuerte desequilibrio o de necesidades de ajuste como los que conocíamos al principio de la década.

Desde el Gobierno se seguirán estimulando las técnicas de innovación y de renovación de nuestra industria para que gane en competitividad y apoyando las estrategias que persigan la creación de grupos empresariales capaces de actuar en el mercado internacional. Asimismo, trataremos de fomentar las inversiones en los mercados exteriores y el aprovechamiento de los retornos industriales y tecnológicos que se derivan de la participación en nuestros proyectos europeos. Para mejorar la distribución de los costes de nuestras empresas hay que insistir en el ahorro energético y reducir los costes financieros mediante una mayor competencia en el sector.

La política fiscal nos ha permitido en los últimos años un aumento considerable de los ingresos, fundamentalmente como consecuencia de la lucha contra el fraude y, a partir de ahí, un control y una disminución de nuestro déficit público. Tenemos pendiente, Señorías, una reforma del Impuesto sobre la Renta que desearíamos hacer con el mayor apoyo parlamentario posible. Pretendemos mantener la progresividad del Impuesto, hacer un tratamiento favorable para las rentas más bajas, y estimular el ahorro que, como saben SS. SS ha descendido al mismo tiempo o de forma paralela al aumento del consumo. Pero la finalidad de toda política económica sigue siendo la creación de empleo. En los últimos años nuestra economía ha hecho posible con su tasa de crecimiento invertir la tendencia vivida durante una década y crear empleo a un ritmo importante. Más de un millón y medio de puestos de trabajo netos es el resultado. Esto, con ser considerable, no es suficiente para las necesidades de un país que había acumulado una enorme bolsa de paro y en el que, además, se produce un fuerte ritmo de incorporación de jóvenes y de mujeres a las filas de los nuevos demandantes de empleo. Por tanto, supuestas las condiciones de crecimiento económico imprescindibles para aumentar el empleo, podemos y debemos actuar para complementar en número y en estabilidad los puestos de trabajo. Debemos hacerlo potenciando la formación profesional, en todos sus niveles, para adecuar oferta y demanda y ofreciendo a los interlocutores sociales un acuerdo para el desarrollo de esta formación profesional. Pero también reformando los servicios públicos de empleo y apoyando la contratación indefinida y la conversión de contratos temporales  en  empleos  duraderos. Debemos  seguir  fomentando la  economía  social,  de cooperativas, de iniciativas locales de empleo o de sociedades anónimas laborales, y estamos dispuestos a realizar un plan de prospección de necesidades de mano de obra y de calificación de los demandantes de trabajo. Ya saben, señorías, que en nuestro programa se contemplan también medidas de mejora en la protección del desempleo, como aquellas que se refieren a los desempleados mayores de cuarenta y cinco años, pero pretendemos continuar guiados por la prioridad del fomento del empleo con preferencia a las políticas de subsidio.

Como decía al principio de la intervención, el crecimiento económico, cuando se consigue, permite mejorar la vida de los ciudadanos, pero este efecto ni es automático, ni es en sí mismo generalizable. El equilibrio en el crecimiento debe entenderse también en la dimensión solidaria que permite proteger a los sectores más débiles, que generalmente tienen menor capacidad de presión.

Estamos decididos a combatir la tendencia a la dualidad social. En unos casos, como el de los jóvenes, facilitando medios, empleo, educación o formación profesional, para que se integren en el sistema. En otros, como el de los mayores, con una política justa de pensiones.

Por esto por citar un ámbito importante de la política social, presentaremos, para su aprobación, la Ley de Pensiones no Contributivas, que ya entró en esta Cámara, que universalizará el derecho a una pensión. Equipararemos, como estábamos comprometidos a hacer, en 1990 la pensión mínima familiar al salario mínimo e incrementaremos proporcionalmente las demás pensiones mínimas. Estableceremos catorce pagas anuales para todos los pensionistas, y generalizaremos a la totalidad del sistema de pensiones la garantía de revalorización automática.

No es posible, Señorías, examinar todas las medidas de protección social previstas en el programa y referidas a problemas infantiles o de integración de colectivos como los gitanos. Sí quiero advertir, una vez más, que la mayor parte de estas medidas requerirán una coordinación, a la que he hecho en varias ocasiones referencia, con las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales que tienen ámbitos competenciales respecto de ellas.

Decía al principio también que el funcionamiento de los servicios condiciona el bienestar general y hay servicios públicos fundamentales y políticas específicas que producen una fuerte sensibilidad en los ciudadanos, como ocurre con la Sanidad, con la Educación o con la Vivienda.

Un elemento común a estas materias es precisamente la intervención de todas las Administraciones Públicas con diferentes repartos competenciales, pero siempre afectando la tarea del Gobierno de la nación en uno u otro grado, lo que exige, por razones de eficacia, reitero, una cooperación más estrecha entre ellas.

En Sanidad y en Educación hemos pretendido en estos años extender el servicio al mayor número de ciudadanos. Así hemos llegado a la universalización de la asistencia sanitaria pública, incorporando a más de seis millones de personas que antes no disponían de ella. En educación, uno de cada cuatro puestos escolares de hoy ha sido creado en los últimos siete años. Lo mismo podríamos decir de becas o de población universitaria. Pero, tenemos por delante la tarea prioritaria de ir superando las deficiencias que aún se producen en el funcionamiento de estos servicios, ya sea por problemas de origen o por los que han surgido a causa del fuerte aumento del número de personas que lo utilizan o de nuestros propios errores.

En Sanidad, las medidas programáticas se centran en potenciar la atención primaria y mejorar el funcionamiento de los hospitales, así como en mejorar la formación de los profesionales. En educación, proponemos la reforma de los niveles no universitarios, reforma que incluya la escolarización obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años, la potenciación de la formación profesional la ampliación de las oportunidades educativas. Es posible llegar a escolarizar al 80 por 100 de los jóvenes entre 16 y 18 años y lograr la escolarización voluntaria de tres a seis años.

El proyecto educativo contempla una mayor adecuación entre la educación y las demandas del sistema productivo, lo cual en la enseñanza superior, supone avanzar, respetando la autonomía universitaria, en la colaboración entre universidades, empresas y organismos de investigación. El esfuerzo en investigación y desarrollo que se ha emprendido seguirá incrementándose durante la presente Legislatura para mejorar nuestro nivel científico y tecnológico.

Antes hablé de la vivienda y querría hacer una toma de posición al respecto. El problema es especialmente grave en las grandes ciudades, pero, en general, es un problema importante para todos los ciudadanos: la rápida subida de precios y movimientos especulativos han creado serias dificultades de acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler. Hay, por tanto, que aumentar la oferta y combatir la especulación. El gobierno estará dispuesto, si obtiene la mayoría de la Cámara, a colaborar, mediante las reformas legales necesarias en la Ley del Suelo y en la Ley de Arrendamientos Urbanos y con los estímulos financieros y fiscales, para facilitar ese acceso a la vivienda en propiedad y para fomentar las de alquiler. Pero tenemos que partir de la base de que estos instrumentos sólo serán eficaces mediante la cooperación con las otras Administraciones de las que dependen promoción, calificación del suelo, urbanismo, etc.; y de las que depende, en fin, incluso la utilización de los instrumentos legales que se pongan a su disposición.

Los problemas del medio ambiente y del consumo han ido ganando importancia en todos los programas políticos en los países desarrollados como consecuencia de una preocupación creciente por estas cuestiones. Además de las medidas concretas que hemos incluido en el programa, creo que lo más importante es que todos los ámbitos del Gobierno y también de los demás responsables públicos deban tener en cuenta el impacto de sus actuaciones sobre el medio ambiente y sobre el consumo.

Las políticas medioambientales atraviesan las políticas industriales, agrícolas, educativas, de estructuras comerciales y alimentarias, las políticas de producción industrial, la propia política cultural y los servicios administrativos. Por consiguiente, son preocupaciones que deben afectar a todos los departamentos de un Gobierno y al conjunto de las administraciones.

En los últimos años y respecto de este bloque de temas relacionados con el bienestar, permítanme una reflexión breve de carácter adicional. Yo creo que podemos convenir todos en que la mejora del nivel de vida y de la calidad de vida en amplias zonas que consideramos como zonas rurales en el país, durante los últimos años, ha sido el efecto del crecimiento económico. Sin embargo, el aumento del nivel de vida, o de la renta o de los bienes disponibles en las grandes ciudades, no ha producido un equiparable incremento de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en esas grandes concentraciones urbanas. O, dicho en otros términos, los propios problemas del crecimiento de la demanda, de las nuevas necesidades, de los nuevos desarrollos, están creando problemas en las estructuras, en los servicios de las grandes ciudades de difícil solución.

En mi opinión, las respuestas no son ni simples ni tampoco admiten formulaciones mágicas. Sin embargo, desde mi responsabilidad quiero decirles que estamos dispuestos a hacer frente a los problemas de esas grandes concentraciones urbanas. Desearíamos hacerlo de acuerdo con las instituciones, las fuerzas políticas, las organizaciones sociales y los propios ciudadanos, puesto que de todos depende que los problemas de la gran ciudad (problemas de tráfico, de infraestructura o de transportes) vayan encontrando una solución que permita una vida mejor, no sólo desde el punto de vista económico, sino en los distintos aspectos de la calidad de vida.

Para canalizar el desarrollo socio-económico todos compartimos la necesidad de completar el equipamiento de nuestro país en infraestructuras. El ritmo de crecimiento deseable para nuestra economía puede verse estrangulado por una insuficiente dotación de infraestructuras, de carreteras, ferrocarriles, de comunicaciones, de obras hidráulicas, etc. Tenemos que recuperar retrasos históricos respecto de otros países europeos, y ésta no es una tarea fácil. Teniendo en cuenta las propias limitaciones presupuestarias, imprescindibles para mantener otros equilibrios, como el del déficit, o como los gastos sociales o como el de la mejora de los servicios, es posible, es deseable, seguir avanzando en el desarrollo de las infraestructuras.

Está muy avanzado, Señorías, el segundo Plan de Carreteras, cuyo horizonte es el final de la próxima década. Con él se pretende completar la red de autovías, conectar, a través de la red de alta capacidad, todas las capitales de provincia y corregir el esquema radial facilitando la comunicación entre Comunidades Autónomas entre sí y de éstas con Europa, lo cual tiene una especialísima trascendencia para algunas Comunidades históricamente afectadas por problemas de comunicaciones, como son los casos de Asturias, de Galicia o de otras. Seguiremos adelante con el Plan de Transporte Ferroviario y pondremos en marcha el tren de alta velocidad y el ancho de vía europeo. Es obvio que añada que ajustaremos los ritmos a las posibilidades presupuestarias. De ahí que sea tan importante un buen funcionamiento del instrumento clave al que he hecho referencia: un crecimiento sostenido y equilibrado.

En el sistema de comunicaciones, el crecimiento de la demanda por encima de toda previsión, así como el rápido cambio de las tecnologías, ha creado problemas, problemas sobre los que se está haciendo un doble esfuerzo de inversión y de adaptación tecnológica que estamos dispuestos a mantener hasta conseguir una buena, satisfactoria, calidad del servicio. Junto a esto, en el período en el que entramos, vamos a aumentar la capacidad y seguridad de nuestros puertos y aeropuertos y a continuar las importantes obras hidráulicas para completar el programa de infraestructuras.

He hecho una referencia al comienzo de mi intervención a la seguridad externa y he hecho una toma de posición respecto de la situación de distensión y las grandes oportunidades para la paz que se ofrecen en la situación internacional actual. Permítanme que complete esa reflexión con una toma de posición sobre nuestra seguridad interna y con nuestra propia política de defensa. Sin duda, un clima de distensión y de acuerdos en materia de desarme nos va a permitir una reducción de efectivos en España. La propia previsión de reducción de la prestación del servicio militar a nueve meses en el plazo de la Legislatura supondrá esa reducción de efectivos. Me gustaría reiterar que la reducción de efectivos debe ir acompañada de una mejora de la operatividad y, por consiguiente, de un esfuerzo de modernización de las Fuerzas Armadas. No comparto la idea de los que confunden posiciones progresistas con despreocupación sobre lo que debe ser una eficaz política de defensa como garantía de libertad frente a cualquier tipo de amenaza exterior.

Pero, teniendo en cuenta ese proyecto de desarrollo socioeconómico, querría completar, como decía, la reflexión con otra sobre la seguridad interior. Me propongo como Gobierno priorizar la lucha contra la inseguridad ciudadana en todos sus frentes. Por consiguiente, estoy dispuesto, señorías, a mejorar los medios personales y materiales de las Fuerzas de Seguridad y a aumentar la presencia de la policía en la calle, sea cual sea el esfuerzo de transformación que haya que realizar. Pero, para mejorar nuestra propia seguridad interna, habrá que afrontar algunos problemas: problemas desde el punto de vista legal, como la reforma del Código Penal, reforma para la realización de un nuevo Código Penal. Se han producido algunas reformas del Código Penal y existe una conciencia generalizada de la necesidad de disponer de un nuevo Código Penal en su conjunto. Es evidente que la elaboración de un nuevo Código Penal exigirá de todos un esfuerzo de consenso, de respaldo para que tenga el apoyo social mayoritario, ampliamente mayoritario, que sea el correspondiente a ese consenso parlamentario.

Pero el problema más importante para la seguridad interna, la seguridad ciudadana de cada día, es el impacto directo que en la misma tiene el tráfico de drogas, la drogadicción en su conjunto. No es un problema que pueda analizarse sin ver sus perspectivas internacionales. Para abordarlo con eficacia, ya sea desde el punto de vista sanitario, desde su tratamiento jurídico o desde la acción policial, no es posible conseguir mecanismos de actuación correctos si no hay una política de cooperación y de coordinación internacionales, además de los esfuerzos internos. Desde el punto de vista interno, impulsaremos la realización de campañas de prevengan y reduzcan el consumo de drogas y ampliaremos los medios para la rehabilitación de los toxicómanos. Al mismo tiempo, incrementaremos la lucha contra el tráfico en todas sus formas, dirigiendo la represión policial no sólo a los traficantes, sino también a las operaciones económicas que se derivan del propio tráfico y a los responsables de estas operaciones.

Hay un tipo de delincuencia especialmente organizada, realizada por grupos de carácter mafioso que atentan contra la sociedad desde actividades como el tráfico de drogas o como el terrorismo, y que merecen un trato singularmente estricto. Propondremos a la Cámara, respetando el consenso conseguido por el bloque democrático en la lucha por la erradicación del terrorismo, las reformas legales necesarias para que las sentencias relacionadas con estos delitos sean cumplidas en su integridad.

Al abordar el problema del terrorismo, señorías, quiero repetir algo que SS. SS ya me han oído otras veces. Sin duda el terrorismo sigue siendo una amenaza grave para la libertad y para la seguridad de los ciudadanos que lo sufren. Pero hace ya tiempo que dejó de ser una amenaza para la subsistencia de la democracia. Políticamente el terrorismo está derrotado porque ha perdido toda la posibilidad de acabar con el Estado democrático y toda posibilidad de implantar la dictadura de los asesinos. Ahora hay que derrotarle también en el terreno operativo, quitarles la posibilidad de seguir asesinando.

Si podía existir alguna duda sobre la definitiva inviabilidad políticas de las pretensiones terroristas, el acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas en este Parlamento y en el Parlamento vasco la han despejado por completo. Este acuerdo se ha convertido en una pieza clave de la estrategia antiterrorista, y como tal, nos proponemos mantenerlo y defenderlo en todos sus aspectos. Cada paso que se dé en su profundización, como el que acabo de proponer, siempre tiene que hacerse sobre la base del mantenimiento de este consenso que ha sido instrumento fundamental para la lucha por el aislamiento y la erradicación del terrorismo. Esto debe ir acompañado de una acción policial cada vez más eficaz en la persecución de los terroristas y de la imprescindible cooperación internacional, tanto en el plan bilateral como en el multilateral, que seguiremos impulsando con fuerza en todos los foros en que estemos presentes.

Los atentados terroristas producen siempre una gran conmoción, como la que hemos vivido en esta Cámara hace pocos días. Pero conviene no perder la perspectiva ni la serenidad de análisis. Ha habido centenares de víctimas de atentados por parte de ETA, la organización terrorista más peligrosa de las que han actuado en España en los últimos años. Conviene no perder la serenidad y la perspectiva, porque, en algunos casos, responsables políticos hacen una valoración, a mi juicio equivocada, sobre situaciones como las que hoy mismo estamos viviendo en la Cámara. Al mismo tiempo que se priva de libertad a un ciudadano, como el señor Villoslada, sin la más mínima expresión de condena, sin la más mínima expresión de distanciamiento respecto a una acción de esa naturaleza, se pretende que se pueda uno creer que se están dando pasos de supuesta buena fe en la aceptación de las reglas del juego democrático, cuando la primera de las reglas del juego democrático debería ser, justamente, la de aceptar que la vía de la violencia no es de ninguna manera una vía que quepa dentro del funcionamiento de las instituciones. No cabe interpretar de otra manera las actitudes más que tal como se manifiestan, y se manifiestan en hechos importantes, como la toma de posición frente al asesinato o frente al secuestro. Esto es lo que de verdad da la verdadera dimensión de las intenciones de cada responsable político o de cada grupo político.

He hecho antes referencias a la política exterior, Señorías, y volvería a hacer un brevísimo resumen. El cuadro de nuestra relación exterior está definido en la Comunidad Europea, en las instituciones occidentales y, más allá de la Comunidad Europea y de las instituciones occidentales, en relación con las nuevas políticas del Este, en relación con América Latina como prioridad y en relación con los países mediterráneos.

Después de la toma de posición a la que antes hice referencia al comienzo de la intervención, debo añadir que la política exterior española sin duda se va a ver afectada positivamente por la dinámica de cambios en el Este y también se va a ver afectada en la necesidad de mantener un esfuerzo de equilibrio para que las responsabilidades del conjunto de los países de la Comunidad no pierdan de vista la situación de los países mediterráneos o la situación de América Latina. Es verdad que en relación con estas áreas de nuestra política exterior ya hay una resolución, que espero que se reitere y se profundice dentro de varios días por parte de la Comunidad. Aun así, uno no puede negar el hecho de que esa focalización de la atención en zonas como las del Este europeo plantean problemas para nuestra política exterior, también para nuestro desarrollo socioeconómico, pero yo creo que sería falsa la idea de pensar que esos problemas tendrían una dimensión menos grave si no estuviéramos participando nosotros en la propia construcción comunitaria y en la construcción de la política respecto de los países del Este. Nuestro interés por reforzar las políticas de cooperación, por qué haya tratados preferenciales con los países del Este es un interés paralelo al de avanzar en el proceso de construcción unitaria de la Comunidad. Por tanto, lo afrontamos con realismo, sin ningún temor a los riesgos que se abren y con la enorme esperanza con que todo demócrata que haya vivido durante años pensando en que el sistema democrático, el sistema de elección de su propio destino es el mejor sistema para los pueblos, tiene que ver ese proceso de cambios en el Este.

En definitiva, señorías, para no alargar más la intervención, estamos ante la posibilidad de desarrollar un proyecto económico, social, de desarrollo integral para nuestro país. El cambio cualitativo entre un crecimiento sostenido y una política que pueda ser calificada de política de desarrollo para la sociedad es posible para España. Y es posible en esta ocasión, probablemente – como algunos de SS. SS han dicho en intervenciones anteriores-, en mayor medida o con mayor magnitud que en cualquier otra ocasión de nuestra historia reciente.

No hay un sólo proyecto que no tenga riesgos. Este que enfrentamos para los próximos años los tiene. Tiene también su carga de expectativa, de esperanza y de oportunidad. Es un proyecto que transciende la frontera del esfuerzo de un partido político o de un gobierno, sea cual sea el gobierno y sea cual sea la mayoría que lo respalda. Y es así por razones de estructura de poder dentro de nuestro país, de reparto del poder entre las distintas administraciones, y es así también por la propia composición social de nuestro país y por razones democráticas.

La magnitud del esfuerzo debe concitar el apoyo de todos respetando la discrepancia, y ese es el apoyo que pido para el proyecto a realizar en los próximos años, apoyo para el proyecto que debo transformar en una petición de voto para la investidura, aunque desde ahora advierto que consideraré que la relación de causa efecto entre uno y otro es perfectamente separable y, por consiguiente, que las áreas de consenso o de acuerdo son posibles a pesar de que se tengan las razones que sus SS.SS expongan para no apoyar la investidura.

Gracias